Es innegable el costo político que ha representado la concesión del asilo a favor del activista australiano, cuyo mayor temor es que lo detengan y deporten a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la difusión de documentos reservados de ese país.

Ecuador tuvo impasses con Reino Unido a raíz de esa decisión, y otros países europeos han manifestado su malestar porque se evitó que Assange enfrentara los cargos formulados.

Ni la Cancillería ni ningún otra institución del Estado ecuatoriano han revelado cuánto dinero se destina para la permanencia de este “huésped” en la legación diplomática. Es lógico que demande alimentos, vestuario, comunicaciones, atención médica, medicinas, entre otros requerimientos elementales en los seres humanos. No han dicho qué costos cubre Ecuador y cuáles, de ser así, las organizaciones cercanas a Assange.

Los ecuatorianos se siguen preguntando qué motivó al Gobierno a concederle la ciudadanía y si es verdad que renunció al asilo político para obtener tal condición.

Además, sería bueno saber si es cierto que diplomáticos rusos pretendían sacarlo de la embajada en diciembre pasado y quiénes son los funcionarios que pensaban llevarlo a Rusia y darle estatus diplomático. De ser así, es vergonzoso que se hayan prestado para eso.

Definitivamente, el afán de proteger a Assange le ha pasado una alta factura al Estado ecuatoriano. Las autoridades deberían evaluar cuál es ese costo e informar de ello al país.