José de la Cruz, que lleva dos días varado en la frontera después de caminar doce días por Colombia, indicó que si no le dan la opción de un paso regular por los controles migratorios, no dudará en ir por rutas clandestinas a Perú.

“Pasé hambre. Pasé demasiadas dificultades por las vías de Colombia, yo no voy a regresarme, estoy tan cerca de Perú que para ir para atrás, no”, mencionó.

Ayer, la televisora Ecuavisa registró el ingreso de un camión lleno de venezolanos sin papeles que logró burlar el control fronterizo en Rumichaca.

Uno de los viajeros entrevistados dijo que la situación está “muy dura” en su país como para regresarse.

Según el mismo canal, solo hay seis controles en esa parte de la frontera y cerca de 30 pasos clandestinos. 

El domingo, varios venezolanos que estaban varados en el paso fronterizo decidieron adentrarse en Ecuador y caminaron por una de las carreteras, donde algunos automotores los recogían para alejarlos de la frontera en su destino a Perú, que solicitará pasaporte a los venezolanos desde el 25 de agosto.

Audiencia. Un tribunal de  Quito convocó para el próximo viernes a una audiencia para tratar sobre las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo para intentar frenar la exigencia de pasaportes para el ingreso de ciudadanos venezolanos.

La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales de Ecuador presentaron, el pasado día 17, ante un tribunal de la capital una petición de medidas cautelares para intentar frenar la decisión del Gobierno, que entró en vigor el pasado sábado.

Sobre el tiempo que podría tomar la decisión del tribunal, la fuente de la Defensoría indicó que “todo depende del juez”, pues puede emitirla el mismo día o en 72 horas.

Más apoyo. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Misión Scalabriniana y la Defensoría Pública de Ecuador también suscribieron la petición de medias cautelares en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el Complejo Judicial Norte, de Quito.

Esta acción, amparada en la Constitución, busca frenar la decisión de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de exigir el pasaporte como único documento válido para ingresar al territorio nacional a los venezolanos.

El artículo 40 de la Carta Magna dice: “Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”, señala la Defensoría.