Marcela Aguiñaga (AP) argumentó que “es evidente que le corresponde al pleno de la Asamblea Nacional conocer de esta autorización, bien sea para darla, bien sea para negarla o bien sea para declararse incompetente. Es el pleno de la Asamblea Nacional y no la presidenta de la Asamblea, como lo ha hecho a través de un comunicado”.

Esto, luego de que la Asamblea emitiera un comunicado en el que señalaba que Correa ya no ejerce las funciones de Presidente y, por tanto, no aplica el artículo 120 de la Constitución, numeral 10. 

César Litardo (AP) dijo que “se debe autorizar, simplemente, a quienes estén en funciones. La Asamblea no tiene la competencia para resolver el tema”. Con él concuerda Fabricio Villamar (CREO), que indicó que “en un análisis serio de la Constitución no se requiere autorización del pleno”, aunque agregó que “es el pleno el que debe pronunciarse al respecto”, por lo que aún queda abierta la posibilidad de que el tema pase a esa instancia.

Luis Fernando Torres (PSC) agregó que la respuesta del Legislativo puede darse, incluso, desde la Secretaría. “La presidenta de la Asamblea, por intermedio de la Secretaría, puede comunicar a la jueza de la Corte Nacional de Justicia que no hace falta autorización alguna en estos casos”, dijo.

Ante la supuesta persecución política denunciada por los correístas, ayer, los legisladores de ese bloque pegaron carteles en sus curules en respaldo a Correa. 

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dijo que “es como gracioso pensar que los perseguidores ahora se sientan perseguidos. Este Gobierno no persigue. Vamos a pedir a las otras instituciones que la justicia siempre prime, aún para quienes persiguieron en el pasado”.

 

Proceso. En Ecuador, por el caso Balda, se detuvo a un excomandante de la Policía y a tres exagentes de Inteligencia.

Se investigan dos delitos: secuestro y asociación ilícita. Hasta ahora Correa ha dado sus versiones por videoconferencia pero, si se lo vincula, deberá retornar a Ecuador. 

Irene Valencia, abogada especialista en Derecho Internacional, explica que él tendrá que cumplir con la justicia y acudir a las audiencias. “En el momento en que exista una sentencia en firme, el expresidente Correa tiene que venir al Ecuador. Pero, antes de eso, lo traerán al país porque hay ciertas instancias que no pueden darse por videoconferencia”, señaló.

Según la experta, la residencia en Bélgica no le da a Correa ninguna protección ni un estatus de ciudadano, por tanto, la única legislación que lo vincula o lo protege directamente es la ecuatoriana.

Anoche la Asamblea señaló que, por disposición de Elizabeth Cabezas, presidenta del Legislativo, se convoca a sesión del pleno mañana para conocer el oficio sobre la vinculación de Correa.