Sin embargo, eso es precisamente lo que se encuentra ocurriendo en la Función Judicial aquí en el Distrito de Manabí, y particularmente en Portoviejo.

A quienes estamos en el ejercicio diario de la abogacía no nos resulta difícil comprobar esta incómoda actitud judicial, puesto que nos causa más de una molestia y enfadamiento al saber que las causas bajo nuestro patrocinio no son despachadas con la prontitud y la rapidez que la Constitución y leyes de la República pregonan.

Se olvidan por completo de aplicar el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, siendo los jueces los responsables del perjuicio que cause a la partes el retardo, la negligencia, la denegación de justicia o el quebrantamiento de la Ley.

Somos conscientes los abogados que patrocinamos a diario causas en las distintas áreas del conocimiento jurídico, en mi caso concreto causas civiles, penales y administrativo, que a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), el despacho de las causas anteriores a este han quedado abandonadas (entiéndase sin resolverse), puesto que ni las tocan en razón de la obligatoria prontitud en resolver los casos actuales según el COGEP, que por cierto son muchos. 

Empero, frente a esta anómala situación la institución judicial debe tomar los recaudos suficientes para terminar y acabar con esta felonía judicial hacia el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Al Consejo de la Judicatura, siendo el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que asegura su correcto funcionamiento, le corresponde  resolver este gravísimo problema, puesto que constitucionalmente es el que define y ejecuta las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; y por supuesto velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

Los usuarios de esta importante Función del Estado se sienten lógicamente desesperados  al ver que sus causas siguen intactas desde hace algo más tres años, sin poder lograr que sus derechos sean resarcidos conforme a Ley, cuando estos han sido vulnerados por la desidia y la mala fe de su ejecutor. 

Aprovechamos esta columna, gracias a la generosidad de la empresa, para reiterarle nuestro pedido en el sentido de solucionar este gravitante problema social en nuestra comunidad manabita.