“Las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de acciones, participaciones u otro tipo de propiedad sobre personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto sea prestar el servicio de comunicación social, deberán operar la transferencia definitiva de la propiedad accionaria de estos medios”, señala la primera transitoria.

Así, el Estado tendrá que vender -como ya lo ofreció el presidente Moreno hace una semana- los 11 medios que se ha incautado desde julio del 2008: cinco canales de TV, dos de ellos de señal abierta (TC TV y Gamavisión); una editorial que imprimía tres revistas de limitada circulación; un diario crítico con problemas de liquidez (Hoy); y cuatro radios de alcance (ver recuadro). 

TC TV, Gama TV y Ecuador TV han compartido, en la década de la Revolución Ciudadana,   línea editorial e incluso transmitían al mismo tiempo mensajes del gobierno o entrevistas en vivo al expresidente Correa o su equipo de Gobierno. La historia de El Telégrafo tiene otros matices: fue incautado en marzo del 2002 y en el 2008 se volvió público.    

El régimen de Correa prometió vender los medios incautados en seis meses, es decir, a inicios del 2009. Nueve años después, aquello no ocurre. Desde noviembre del 2017 siete de estos once medios de comunicación (excepto las cuatro radios) son parte de la Empresa de Medios Públicos. Extrañamente, no pierden su calidad de privados. Son un híbrido: ni totalmente privados ni tampoco públicos. 

 

Seis  ejes. Andrés Michelena, secretario de Comunicación, entregó ayer las reformas a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP). El titular de la Secom dijo que el documento plantea seis ejes: respeto a la normativa internacional; eliminación de la Supercom; fortalecimiento de la participación ciudadana; fomento de autorregulación; diferenciación en sistema de comunicación para tener medios  públicos, privados y comunitarios-ciudadanos; y pasos necesarios para el traspaso de acciones en medios incautados.

Fin a multas.  “Se plantean cambios estructurales, como la eliminación de todo esquema administrativo de sanción y control”, aseguró Michelena. 

Y con la desaparición de la Supercom “terminará el uso discrecional o político de la Ley”. 

De hecho, la todavía vigente LOC, por ejemplo, establece multas de hasta el 20% de la facturación promediada de los últimos tres meses en el caso de que el medio de comunicación no viabilice el derecho a la rectificación. Ahora, los procesos pasarán a la Defensoría del Pueblo, que establecerá las acciones necesarias en base a sus normativas y el  reglamento de la LOC (que también deberá ser reformado). 

La sexta transitoria, incluso, especifica que la Defensoría creará “un plan de fortalecimiento en relación a la protección y restitución de los derechos de la comunicación, que podrá incluir reformas legales o reglamentarias”.  

 

>cordicom con más tareas. La segunda transitoria especifica que los derechos y obligaciones de la Supercom “serán asumidos por la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, de acuerdo a sus atribuciones”.

La LOC vigente creó dos organismos en el 2013: la Supercom (que es parte de la Función de Transparencia y Control Social) y el Cordicom (Función Ejecutiva).

Las atribuciones de la Supercom -en parte- pasan al nuevo Cordicom, que con las reformas se denominará Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Este organismo, antes con funciones limitadas (técnicas y administrativas), regulará la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatarios; definirá los tipos de contenidos por franja horaria, desarrollará mecanismos que permitan variedad de programación con énfasis en educación y cultura.

El ente seguirá siendo parte del Ejecutivo y lo integrarán representantes de ocho instituciones. Las nuevas: Secom y un emisario de “las universidades que mantengan una 

carrera de Comunicación”. 

Cadenas limitadas. La propuesta establece límites en la transmisión de cadenas nacionales ordenadas por el Ejecutivo, “siempre y cuando se haya notificado al medio con al menos 24 horas de anticipación (...) Estos espacios se utilizarán exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés general, según el reglamento de esta Ley”.