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Investigan desvío de fondos tras el 16A

Desde cámaras de vídeo, software, equipos militares y hasta credenciales se adquirieron con recursos de la Ley de Solidaridad.

Lunes 30 Abril 2018 | 11:20

Los $ 3.002 millones que se recaudaron entre donaciones e impuestos de la Ley han sido distribuidos, mayoritariamente, a más de 30 entes públicos. Y en muchos casos, la utilización de los recursos ha sido cuestionada.

La asignación al Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue de  más de $ 18 millones. Parte de esos recursos fue utilizada para la adquisición de lubricantes y baterías para carros, gastos logísticos del personal, repuestos para aviones y helicópteros, e incluso para el mantenimiento de dos buques de la Armada.
Así suman más de 60 adquisiciones con fondos que generó la Ley de Solidaridad, que permite el uso de esos fondos exclusivamente para  la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura, y la reactivación productiva.
El ministro de Defensa el 16 de abril del 2016 era Ricardo Patiño. El Diario lo contactó y él solicitó las preguntas por correo electrónico, pero no las respondió.
Las asignaciones de mayor rubro han sido para Ecuador Estratégico. Entre los recursos consta la construcción de la vía Manta-El Imperio-Colisa, actualmente en ejecución. Además, constan fondos para la rehabilitación y reconstrucción de iglesias, que hasta ahora no se ha concretado.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) también ha recibido millonarias asignaciones para la reconstrucción de vías. Entre ellas consta la construcción de una carretera de 17 kilómetros en Mataje (Esmeraldas), por $ 16,8 millones.
Para reforestación se asignaron $ 5,7 millones al Ministerio del Ambiente; mientras que a los municipios de Manabí y Esmeraldas se transfirieron $ 39’955.268 por la devolución del IVA. Esto ha sido cuestionado por Contraloría en un informe preliminar.
La priorización de los recursos nunca existió. Lo ha admitido el actual secretario técnico de la Reconstrucción, José Herrera.
De hecho, el Ministerio de Agricultura y Ganadería usó recursos para comprar cámaras de vídeo y fotografías; para la emisión de credenciales; y hasta para el pago de alimentación del personal de 20 provincias -que estuvieron en la emergencia- por un monto de $ 50.253.
El Diario realizó un resumen de las asignaciones a entidades públicas que  aparecen en el quinto informe de la Secretaría Técnica de Reconstrucción, y que han sido cuestionadas (ver infografía).
Reacciones. Fressia Villacreses, quien preside la Junta Cívica de Seguimiento a la Reconstrucción y Desarrollo de Manabí, critica la utilización de los recursos que “no tienen nada que ver con la emergencia ni con la reconstrucción. Si necesitaban hacer identificaciones, alguna empresa del Estado pudo haberles facilitado”, dice.
El asambleísta Guillermo Celi (CREO) considera irregular, además, la utilización de $ 75 millones para la compra de certificados de tesorería.
“¿Por qué compraron papeles? Son temas terribles. El dinero de la reconstrucción era para viviendas, hospitales, reactivación comercial y agrícola”, dice.
Quienes autorizaron la asignación de los recursos fueron el exvicepresidente Jorge Glas, -quien presidió el Comité de Reconstrucción y está detenido desde octubre del 2017-, y Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité.  Eso es lo que establece el informe preliminar de la Contraloría, revela Celi.
Por la utilización de los recursos para otros fines, la Contraloría puede establecer indicios de responsabilidad penal. El delito, incluso, puede ser peculado o malversación de fondos públicos, sancionado con un mínimo de 5 años de cárcel y un máximo de 13, según el Código Orgánico Integral Penal. 
“Pero si se usó del dinero del contingente o del Presupuesto General de Estado, estaría en un gasto justificado”, aclara el actual secretario del Comité, José Herrera.
El funcionario explica que de acuerdo al acta del 22 de mayo del 2017, en la que el Comité aprobó un listado de proyectos, consta que el dinero era del contingente y de la Ley de Solidaridad.
“Por eso, hemos pedido un examen especial a Contraloría que haga una auditoría; y a Finanzas para que nos entregue la información pertinente para corregir y verificar el incumplimiento o no de la norma”, señala.
Los exámenes especiales se harán a los 31 ejecutores que recibieron dinero de la Ley de Solidaridad, entre ellos las Fuerzas Armadas, ECU-911, MTOP, Miduvi, Ministerio de Educación, Senagua, Ecuador Estratégico, y otras instituciones de carácter público.
Utilización.“Las instituciones que actuaron en el periodo de emergencia tuvieron asignaciones inmediatas desde el Ministerio de Finanzas con fondos del Presupuesto General del Estado, desde antes de que existiera la Ley de Solidaridad e incluso el Comité y Secretaría de Reconstrucción”, justifica Carlos Bernal, desde Estados Unidos.
Según él, por la adquisición de repuestos para vehículos y aviones, “se quiere hacer creer que el Comité aprobó estos rubros dándoles un tinte de uso incorrecto”. “Las Fuerzas Armadas y Policía, que hicieron una labor extraordinaria, emplearon todos sus recursos para atender las zonas afectadas y sobre todo los albergues. Esto representó un imprevisto en sus recursos e insumos debido a un gran despliegue prolongado”, recalca.
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