La resolución llega una vez que el fiscal Mario Salazar entregó a la jueza 80 elementos de convicción que revelarían la participación de los procesados en actos de corrupción en la contratación de la obra para la recuperación de Condensados en la Refinería de Esmeraldas.

El 21 de marzo pasado, el fiscal de Pichincha (e), Fabián Salazar, revocó los dictámenes abstentivos que favorecían a  cuatro procesados en este caso. Por ese motivo, en la audiencia de ayer, el fiscal Mario Salazar acusó a Carlos P., conocido como “Capaya”, como autor directo del delito y a los restantes tres procesados como coautores.

La jueza inició la primera parte de la diligencia no aceptando el pedido de la Procuraduría General del Estado para ser parte procesal y negando las nulidades planteadas por los acusados. Según Campaña, los intereses del Estado estaban en este caso debidamente representados por Petroecuador, que figura como la acusación particular.

Para Salazar, en este caso inicialmente la empresa JVSIM ofertó para la realización de la obra poco más de $ 23 millones, pero finalmente se le entregó el contrato a esta misma empresa por más de $ 27 millones. 

Según la Fiscalía, existiría un incremento en el costo del contrato del 16 por ciento, cerca de $ 3,7 millones, con relación a la propuesta del mismo contratista.

Contra Carlos P. ya existe una condena (de seis años) por el delito de asociación ilícita y enfrenta otros procesos por corrupción.