Luego de dicho proceso, Fabián Salazar, fiscal provincial de Pichincha, informó que estaban “hablando de una organización delictual que tiene como víctimas a los señores conductores de la provincia de Pichincha”. Mencionó que el perjuicio ascendería a $80 millones aproximadamente. 

En la red social Twitter se viralizaron videos en los que se veía cómo los ediles eran llevados a una unidad judicial.

En rueda de prensa, el fiscal Eduardo Estrella aseguró que la investigación se abrió en marzo del 2018 por una presunta asociación ilícita. 

 

Investigados. Tras culminar el operativo, la Fiscalía informó que se allanaron 14 inmuebles, entre los que se encontraban las oficinas de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, la Cámara de Transporte y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

En el operativo fueron retenidos, con fines investigativos, los funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Quito, Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L. Asimismo fue detenida Mónica G., quien sería la persona que actuaba como nexo con las víctimas, que en este caso serían transportistas de Pichincha. 

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró que no conocía sobre los delitos de los que se acusa a los concejales, pues se enteró de los hechos la mañana de ayer, cuando le informaron por parte de la Fiscalía General del Estado tras los allanamientos. 

Rodas se mostró preocupado por la situación.