El problema inició porque ninguna de estas empresas públicas tiene autonomía presupuestaria, pues sus ingresos, tanto por operaciones de campos petroleros como por preventas son depositados en una cuenta única del fisco, y luego redistribuidos según las prioridades del Gobierno, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de inversión y operación de Petroecuador y Petroamazonas.

Esto provocó que se acumulen deudas, que según un estimado del Observatorio de la Política Fiscal llegó, hasta donde se ha podido recabar datos, a los $ 5.571 millones..

Según Jaime Carrera, miembro de este organismo, además de la opacidad que no deja dimensionar el nivel real de las deudas, el problema se agravó porque el Gobierno de Rafael Correa utilizó los recursos que llegaban de ambas empresas, indicó La Hora.