Siguiendo esa línea, debería acelerar la puesta en concesión o venta de los medios públicos bajo su control, como televisoras, radios y periódicos, usados en la época del correísmo como aparato estatal para ensalzar la labor del presidente Rafael Correa y su administración.

Igual, hay que revisar la Ley de Comunicación, cuya derogatoria es solicitada por muchos colectivos periodísticos y sociales, que la consideran atentatoria a la libertad de prensa y de expresión, por lo que ha sido llamada “ley mordaza”.

Concomitantemente, debe estudiarse la conveniencia de la Superintendencia de Comunicación -Supercom-, cuya función ha sido apreciada más de seguimiento al periodismo no alineado a las conveniencias oficiales, siendo una de las entidades más utilizadas para sancionar medios y periodistas. Otro acierto fue la cesación de funciones al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, que hizo de las suyas interpretando a su antojo la ley y de manera dedicada.

Esperamos que, a la par, la apertura de las entidades públicas a la prensa sea cada vez mayor, puesto que aún persiste, mayoritariamente, la prohibición a sus representantes zonales o provinciales a dar abiertamente declaraciones, centralizándolas en Quito o Guayaquil.