Actualizado hace: 938 días 1 hora 38 minutos
José Ramón Moreira Aliatis
Negocios públicos

Después que los ecuatorianos aprobamos en consulta popular la vigencia de la Constitución en el 2008, resolvimos en el capítulo quinto de la ley suprema, entre otras cosas, que el Estado se reservara el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos como, la energía, el agua, las telecomunicaciones.

Jueves 15 Marzo 2018 | 04:00

Igualmente el espectro radioeléctrico, registro de la propiedad, salubridad, transporte, gestión de cooperación internacional, etc. y que es el responsable de la provisión de los servicios públicos.
Tiene el compromiso de garantizar que estos sean eficientes, de calidad, accesibles, constantes, universales, generales, obligatorios; es decir, no solamente bien realizados sino que debe generarse en el menor tiempo posible. 
Tienen autonomía financiera, económica, administrativa, su propia vida jurídica, y de gestión, con altos parámetros de calidad, y crierios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
Cuando haya utilidad, los excedentes deben destinarse a la inversión o reinversión, y si hubiere sobrantes que no fueran invertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en concordancia con la Constitución Política da la atribución para que el concejo municipal apruebe la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixtas, con la mayoría de acciones a su favor. 
El mismo mecanismo funciona en el consejo provincial. El cabildo crea las ordenanzas de tal manera que si crea impuestos en su territorio debe gastarse hasta el último centavo; sería infantil que permita que sobre dinero para depositarlo en la cuenta nacional.
Lo importante para los vecinos y ciudadanos de las localidades municipales y demás, es percibir si los servicios elementales que recibimos son de calidad, eficientes, ágiles, y con costos accesibles para todos los residentes. 
Son tantas y tantas las empresas públicas que se pueden originar en cualquier gobierno autónomo. Lo que no hay que perder de vista es el criterio empresarial y social constitucional, que los administradores deben aplicar en cada una de ellas. 
No se debe actuar por afectos ni desafectos. 
Se han constituido varios negocios públicos, los ciudadanos como parte activa de esas empresas debemos no solamente esperar que aquellos que tienen la oportunidad de llevar adelante esos procesos hagan lo que ellos crean que está bien; ejemplo: que demoren más de lo necesario para entregar documentos oficiales, eliminar en un momento inesperado una empresa que está saludable, por enemistad. 
La empresa privada trabaja siempre, llueva, truene o relampaguee.
No tiene horarios el sistema burocrático, no lo permite el emprendimiento.
Es antieconómico prestar la mano y o traspasar planillas; los horarios de trabajo legales se cumplen, hay labores que deben funcionar las 24 horas.
Todos los negocios públicos están diseñados para ganar, es un monopolio más; todo depende de un buen administrador.
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