El exfuncionario puede ser impedido de realizar funciones públicas si el pleno aprueba su censura político con más de 70 votos.

Al cierre de esta sesión, Ochoa se encontraba rindiendo su versión ante los legisladores.

“He sido convocado no para responder por casos de peculado, asociación ilícita, ni tráfico de influencias, ni nada ilegal; mi delito ha sido cumplir y hacer cumplir la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea”, argumentó el exfuncionario durante su comparecencia ante la Asamblea.

Ochoa consideró que lo culpan por “actuar con mano firme y sentido de justicia para sancionar a medios que ofendían a la gente, a la mujer, de reducir la violencia, de impedir la difusión de imágenes dolorosas y de defender los derechos de las minorías”.

El exfuncionario lamentó que antes de escuchar sus argumentos en el proceso interpelatorio, ya se le declaró culpable y abandonó el pleno a el pleno del Legislativo.

Asambleísta. El asambleísta por CREO y ponente del juicio político, Fabricio Villamar, insistió que Carlos Ochoa usó atribuciones legales para coartar la libertad de expresión, limitar el flujo de ideas, confundir los conceptos esenciales de información y opinión, entre otras acusasiones.

Enfatizó que el exsuperindentente de Información escribió, a través de sus actos, una página vergonzosa en lo que se refiere a la vigencia plena de la libertad de expresión en el país.

Según el proceso, el exsuperintendente tuvo un lapso de tres horas para ejercer el derecho a la defensa. Luego, los interpelantes tuvieron dos horas para fundamentar las acusaciones contra Ochoa y el interpelado tuvo una hora más para responder.