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Emiten informe sobre el prefecto 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emitió un informe sobre los contratos de compañías relacionadas con el prefecto y el Estado.
Sábado 24 Febrero 2018 | 11:00
El CPCCS envió ese informe a la Contraloría General y a la Fiscalía General del Estado para que establezcan posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales en contra de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, por contratos entre el Estado y empresas ligadas a él, su hijo el asambleísta manabita Mariano Zambrano Vera y otros familiares de ambos funcionarios públicos.
El documento, entre otras cosas, dice que “los cálculos proyectados en este tipo de contratos de prestación de servicios suscritos con el Estado sumarían aproximadamente un total de 73’195.514,50 USD”. Eso en referencia a las compañías que presuntamente tienen relación con el Prefecto.
El informe también señala que del rastreo virtual realizado a manera de consulta en la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros arroja que “el prefecto trató de ocultar su verdadera participación accionaria. Igual comportamiento se observa en el caso del asambleísta Mariano Zambrano Vera...”
Agrega que “la calidad de prefecto del ingeniero Mariano Nicanor Zambrano Segovia era un limitante restrictivo para ejercer dichas funciones, ocupar dicho cargo y actuar como oferente y proveedor de servicios a determinadas instituciones del Estado...”
Denuncia. Marcelo Farfán, exdelegado de Contraloría; Francisco Bravo, dirigente político; y el exasambleísta Leonardo Viteri, que en septiembre presentaron en la Fiscalía de Manabí una denuncia por perjurio y falso testimonio contra el prefecto, solicitaron ayer a la presidenta de la Corte de Justicia de Manabí, Paulina Sabando, que el caso no sea archivado.
Esto porque en la resolución del fiscal Enrique García se señaló que no existen indicios de que el prefecto haya confesado, declarado o informado actos propios del delito de perjurio, y solicitó el archivo de la investigación previa.
En la solicitud a la presidenta de la Corte adjuntan la resolución del CPCCS, pidiendo que desestime la petición de archivo y envíe a la Fiscalía el pedido de que se asigne un nuevo fiscal para que en base a esta denuncia y los anexos del Consejo pueda continuarse la investigación.
Según Leandro Briones, la denuncia que él y otros ciudadanos presentaron en el 2017 “se queda corta”.
Cree que el equipo de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina indicios que podrían llevar a determinar “peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo”, dijo Briones.
El prefecto. Mariano Zambrano Segovia dijo que sus actuaciones siempre han estado ceñidas a la ley y de eso hablarán los abogados.
Añadió que personas “importantes” le han dicho que puede contratar con el Estado; que lo sancionarán si hay incumplimiento de esos contratos y no porque sea accionista. Siempre y cuando la entidad contratante no sea el Gobierno Provincial de Manabí, porque “es lógico que un prefecto no puede contratar con el Estado”.
Indicó que el informe del CPCCS es una resolución para informar a las autoridades de control los puntos de vista de ese organismo, por lo que la Fiscalía o Contraloría serán las que finalmente tomarán la decisión de sancionar o no.
Al preguntarle si las empresas de las cuales es accionista firmaron los contratos que señala la resolución del CPCCS, señaló que sí.
“Soy accionista de estas empresas y venimos participando con las empresas desde hace 36 años. Siempre hemos tenido contratos con el Estado”, añadió el prefecto.
Recalcó que este es “un caso único, se preocupan por mí y no voy a ser candidato. Es totalmente político y quienes no quieren ver que estos ataques son políticos, son ciegos”, mencionó.
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