Su preocupación central era proteger al pueblo que confió en él. Buscó a los mejores ciudadanos, por sus conocimientos y virtudes cívicas, que consideraba podían acompañarlo con honradez y codirigir con eficacia y solvencia esa colectividad nacional.

¡Qué importante resulta para una autoridad disponer de personas amigas o asesoras, de noble proceder, que le hablen con franqueza y le aconsejen bien para no cometer errores! 

Se necesita gente que ame el país con infinito cariño y que, además, posean sabiduría con ética. Sin valores morales, cívicos y patrióticos, no sirven para nada. En los 124 meses de correísmo vimos a una selección de PhD inservibles, refinados en picardías y en despojos desalmados para con nuestra pobre Patria desguarnecida.

El pueblo no solo quería que se vaya Correa, sino también su política represiva y sus leyes para favorecer a las multinacionales y cercenar las libertades más elementales del ser humano como es la comunicación. 

La sociedad no resistirá que se burlen una vez más de su generosidad o ingenuidad, y que el dinero robado no sea recuperado a la brevedad y con eficacia por las autoridades responsables. 

Mirando al presidente Lenín Moreno da la impresión que está rodeado de correistas que le sonríen, pero que tienen sus corazones amontonados en el ático de Bélgica. Un día Lenín Moreno también dejará la Presidencia. Por ello siempre será necesario que él mismo recuerde lo que rezan tres normas jurídicas que aspiramos -de manera muy sincera- nunca existan motivos para que le sean aplicadas. 

La primera es el Art. 233 de la Constitución, que señala: “Ninguna autoridad ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos.”

El Art. 42, numeral 1, literal b, del COIP, señala que son personas responsables de delitos “Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.” El Art. 23, inciso segundo, del mismo COIP, advierte que “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”

El presidente Moreno tiene todas las atribuciones no solo jurídicas sino políticas y morales otorgadas por la consulta popular del 4 de febrero del 2018. 

Si se hace o no Justicia en contra de quienes han esfumado 35.695 millones de dólares, de lo contabilizado hasta el momento por la Comisión Nacional Anticorrupción, y si se recupera o no ese monto fabuloso, ante la historia, será responsabilidad de Lenín Moreno.