El aumento de casos, que en el 2014 fueron seis y que al terminar el 2017 alcanzaron los ochenta, no sólo debe llamar a la preocupación sino causar alarma por la desproporcionada cifra, que representa estadísticamente un incremento de alrededor del mil doscientos por ciento de pérdidas de vidas mediante la autoeliminacion.

Si bien se ha expresado el interés oficial del Estado por detectar las causales de la fatal decisión, como el programa emprendido por la gobernación de Manabí, estimamos que la situación demanda una especial como urgente investigación que identifique las razones, para trazar las estrategias profesionales y de toda índole indispensables para contrarrestar la tendencia y evitar nuevas pérdidas de vidas.

Los canales activos donde puede incursionarse para la detección de razones o motivaciones son la familia, los centros educativos, el trabajo, entre otros, como puntos referenciales para la investigación.

Esperamos, entonces, que el gobierno en verdad muestre su interés en la gravedad social; y, de ser posible, crear una comisión de especialistas público-privada para el estudio formal de la situación.