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Educación y justicia
Educación y justicia
Por: Carlos Intriago Macías

Martes 21 Noviembre 2017 | 04:00

Los manabitas debemos recapacitar en el tema de la corrupción estatal porque podría ser la causa que provocó o aumentó otros males a todos los ecuatorianos.

Por ejemplo, la crisis de la familia como institución social; pruebas de ello son: el medio millón de pensiones de alimentos, el aumento de los divorcios y otros conflictos que repercuten con mayor peligrosidad en los menores. 
En particular, el abuso sexual  en instituciones educativas públicas o privadas, donde los agresores eran profesores de natación, educación física o matemáticas. En noviembre del 2016 el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instó al Gobierno de Rafael Correa para que “adopte medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos”.  Algo se hizo. 
En Manabí, el Ministerio de Educación abrió  sumarios administrativos en contra de 68 profesores hasta julio de 2017.
Hoy, el Gobierno del presidente Lenín Moreno y activistas de derechos de la infancia creen que debe evaluarse el estado mental de quienes educan. 
Sí, pero esta misión no puede quedar exclusivamente en el Ministerio de Educación.
Esta debe ser asumida por la Justicia, todas las universidades, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Igualmente el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).
Además, es el momento que vuelvan a revisarse los casos de abuso sexual que fueron conocidos y “supuestamente” resueltos por las autoridades de educación básica, media y superior entre el 2007 y el 2017.
Es una cuestión que será imperativa desde cuando entre en vigencia un nuevo ordenamiento legal por mandato de la consulta popular que debe convocarse cuanto antes. 
El argumentar que se trata de casos cerrados es otra forma de seguir ensalzando la impunidad que transformó el abuso sexual en las instituciones educativas en un problema de salud pública y una abrumadora injusticia que permitió a los abusadores quedar inocentes y tener más oportunidades de profesionalización.
Mientras que las víctimas fueron doblemente avergonzadas y silenciadas, dejaron el colegio o no pudieron obtener un título universitario. 
Mientras tanto, revaloremos a la familia liderada por un padre y una madre, fortalecida por los abuelos y tíos, para que los niños en un gran hogar funcional  sigan aprendiendo  la importancia de los valores éticos y morales, la estima y respeto entre los semejantes como norma suprema de conducta. 
 
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