Según el Gobierno, esta tasa ha sido creada para combatir la ilegal subvaloración que algunos importadores hacen, para así pagar menos impuestos. 

Por ejemplo, el importador declara que un par de zapatos le costó en el exterior dos dólares, cuando en realidad le costó veinte; entonces esta falsa declaración le permite pagar menos arancel, evadiendo impuestos. 

Pero, justamente, para combatir esa evasión las aduanas y el Servicio de Rentas Internas tienen un ejército de empleados. ¿Por qué no está siendo efectiva su labor?

Internet, y en general las tecnologías de la información, permiten hoy que los agentes aduaneros conozcan, desde antes de que las mercaderías se embarquen, cuánto cuesta cada ítem que el importador va a traer. 

Una correcta aplicación de la ley debería evitar, o al menos llevar al mínimo, estos casos que, al parecer, tampoco han sido llevados ante los tribunales de justicia. 

El Gobierno debe hacer un saneamiento y una mejora en su gestión. Sin embargo, es probable que el Gobierno no esté siendo sincero y que la medida sea simplemente recaudatoria, para cobrar más plata a la gente y financiar el ya obeso Estado. Esto sería condenable.