Si bien la estabilidad macroeconómica es responsabilidad del gobierno, la corrupción es responsabilidad de todos actores que intervienen en el desarrollo productivo. Tarea obligada es mejorar año a año el índice de la percepción de la corrupción, que en el 2016 el Ecuador ocupó el penoso lugar  120, Chile 24, Colombia 90, Perú 101 y Venezuela 166 (según Trasparencia Internacional).  En este sentido la clase política debería abolir las frases de campaña electoral que dicen que acabarán con la pobreza de nuestro país; se olvidan que la pobreza es efecto y la corrupción es la causa, no lo contrario. 

El camino para disminuir el riesgo de soborno no es fácil ni rápido,  pero la responsabilidad histórica de abordarlo desde una manera técnica y no lírica es inmediata, para ello menciono a Kennedy cuando cuestiona lo que podemos hacer nosotros por nuestro país, representaría solo un 15% de la solución,  puesto que según mediciones internacionales para el cometimiento del fraude éste se estimula por tres elementos que son; la actitud 15%, incentivo 12%  y la oportunidad 73%.  Para el primero de ellos la fórmula es la familia, los amigos y quizás grupos de chat con cadenas inspiradoras que seguramente durarán toda la vida, el segundo obedece a un estímulo circunstancial, pero el tercero representa cerca del 80% y es responsabilidad de los mandantes, quienes son los llamados para invertir en tecnologías blandas como los sistemas de gestión antisoborno,  así como el equipamiento especializado que provea altos niveles de invulnerabilidad.

Por parte del gobierno esto ha iniciado bien, la ministra de Industrias y Productividad informó que ya se cuenta con la Norma ISO 37001, relacionada a la implementación de sistemas de gestión antisoborno; más el verdadero reto es implementarla y que como resultado exista el dinero suficiente para obras sociales y sobre todo confianza para atraer la inversión que se traduzca empleos dignos.

En resumen si el presupuesto de inversión pública del 2018 es de 3.500 millones y si se paga un 10% por sobornos, esto es 350 millones,  llegamos a una cifra igual con la que se construirían todas las escuelas planificadas para este año o cifra mucho mayor a los 200 millones esperados por la recaudación del nuevo impuesto del 3% a la renta para sociedades.Entonces la estrategia no es de subir más impuestos  para cubrir necesidades sociales, sino de que exista menos corrupción para con esos dineros hacer escuelas, hospitales, guarderías, etc. sin imponer más tributos que no hacen más que lentificar el desarrollo productivo de la nación.