Actualizado hace: 938 días 4 horas 48 minutos
JUSTICIA
A nueve días de que termine la instrucción fiscal

Las pericias de la Fiscalía toman forma antes que termine la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Viernes 22 Septiembre 2017 | 04:00

Dentro de las investigaciones en ese proceso judicial (instrucción fiscal), que terminará el próximo 1 de octubre, ayer se realizó el reconocimiento de las oficinas de la compañía brasileña en Quito y Guayaquil.

En Guayaquil, la fiscal provincial Patricia Morejón, quien realizó el reconocimiento de la sede  de la compañía, también hizo  el recorrido en las instalaciones de Televisión Satelital, medio de comunicación del que habría sido dueño, Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas, y uno de los 18 procesados por ese caso de corrupción.
“Mi misión solo se enmarca en el reconocimiento del lugar de los hechos, porque el allanamiento de los dos sitios mencionados (sede de Odebrecht y Televisión Satelital) ya se realizó anteriormente”, comentó Morejón.
En Quito, peritos del Ministerio Público también acudieron a las oficinas de Odebrecht en la capital para captar imágenes del lugar donde opera la compañía.
Dispositivo. Por su parte, en el edificio de Criminalística de la Policía Nacional se realizó ayer el peritaje de extracción de información de una memoria externa entregado por Alfredo A., quien habría sido la mano derecha de Ricardo R.
Según medios nacionales, ese dispositivo contiene 13 “gigabytes” -capacidad de almacenamiento- de información entre mensajes, correos electrónicos, disco duro, entre otros elementos.
En la cita estuvieron los abogados de los 18 procesados por el caso. “Lo que se pueda encontrar o no en el pendrive es incierto, no conocemos aún. Estamos aquí para cerciorarnos de los aspectos que contienen este pendrive”, comentó Hernán Ulloa, abogado del excontralor General del Estado, Carlos Pólit, investigado también por este caso. 
Al cierre de esta edición se desconocía el contenido del dispositivo analizado por la Fiscalía.
Antecedente del caso. El año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht habría entregado coimas por más de 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos desde el 2007 a cambio de contratos para millonarias obras como la hidroeléctrica San Francisco, el poliducto Pascuales-Cuenca y la remoción de tierras de la Refinería del Pacífico.
El pasado 22 de abril la Fiscalía General del Estado anunció la detención de los primeros involucrados en el caso. En un operativo fueron capturados Alecksey M., exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, y Marcelo E.
Posteriormente, el nuevo fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno,  viajó a Brasil y recibió los folios con los testimonios de las delaciones de los funcionarios de Odebrecht sobre el caso Ecuador.
Esto motivó a una serie de detenciones, entre ellas las de Ricardo R., tío del vicepresidente, el pasado 2 de junio.
Posteriormente, tras varios pedidos de la oposición e investigaciones, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia la vinculación de Jorge Glas, que por su fuero necesitó el aval de la Asamblea Nacional.
En esa audiencia de vinculación, la Corte analiza actualmente al segundo mandatario y también al ex contralor general del Estado, Carlos P.
Críticas. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, comentó vía telefónica a este medio que luego de la instrucción fiscal que termina el próximo 1 de octubre, el juez conformará una audiencia preparatoria de juicio donde el fiscal tiene que exponer si acusa o no, y en base a eso resolver si se llama o no a juicio.
“Si se resuelve llamar a juicio, se tiene que convocar a un tribunal penal, en este caso a un tribunal de la Corte, porque son procesados con fuero”, comentó el abogado.
García criticó que los investigados sean procesados por delitos como asociación ilícita, que según su criterio, es el de tipo penal más leve.
“Se ha dejado de lado otros delitos que están ligados como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado o cohecho agravado”, dijo García.
El letrado indicó que si los procesados fueran investigados por lavado de activo podrían tener penas entre diez y trece años de prisión.
Sobre el avance de las investigaciones y los resultados en otros países,  indicó que eso se debe a la voluntad política de transparentar hechos de corrupción.
En torno a la memoria entregada por Alfredo A. con pruebas sobre el caso, adelantó que estas evidencias serán tratadas como elementos de convicción en el caso.
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
  • ¿Qué te pareció la noticia?
  • Buena
  • Regular
  • Mala

Más noticias