Ramiro G., ex ministro de Industrias y Productividad en el gobierno de Rafael Correa y, actualmente, líder del partido Avanza, no se hallaba en su vivienda cuando se produjo el allanamiento, aunque su esposa Carmen G. fue detenida. Tras rendir su declaración, fue liberada, pero deberá usar un brazalete electrónico.

“Al parecer (...) fue alertado del operativo, solicitaremos la investigación a las instituciones”, dijo el ministro del Interior, César Navas, en una rueda de prensa. 

En los allanamientos realizados por el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía “se encontraron documentos, cajas y computadoras que inmediatamente ingresaron a la respectiva cadena de custodia y cuya información continuará las diligencias de este caso”, informó la Fiscalía. 

Según el parte, las investigaciones indican que desde el año 2012 hasta el 2016 el exministro “recibió acreditaciones por 2’217.399 dólares, mientras que sus declaraciones presentadas manifiestan un valor de $391.168”.

“Además a su nombre constan bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí”, afirma el organismo.

Agrega que los ingresos del exfuncionario en el período 2010-2017 ascendieron a casi cuatro millones de dólares, con contra de lo declarado.

En el período por el que se investiga Ramiro G. era ministro de Industrias y Competitividad, “por lo tanto se sospecha que habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria”. 

El ministro del Interior afirmó en un rueda de prensa que las instituciones aplicarán “mano dura a todos los casos de corrupción, vengan de donde vengan” y que “como Gobierno nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos”. 

Sobre la presunta huida del exministro, Navas aseguró que “ya se dispuso a la Policía de Ecuador para capturarlo” y reveló que producto de los allanamientos los fiscales incautaron “joyas, bienes e inclusive obras patrimoniales”.

Asimismo, adelantó que se producirán otros allanamientos en otras ciudades del país.

 

Gobierno. El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a las acciones judiciales contra el exministro de Industrias. 

“Hay dos personas que han sido cuestionadas por parte de Contraloría y Fiscalía que lastimosamente al momento en que se allanó el domicilio no estuvieron allí. Tengo mis severas dudas acerca de cómo está ocurriendo esto, ya lo van a saber en los próximos días”, manifestó. 

Pidió a quienes tengan alguna denuncia de corrupción “remitirse a la instancia correspondiente para respetar los debidos procesos”. 

Por su parte, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, mencionó en su cuenta Twitter que que en el 2015 había denunciado a Ramiro G., pero nunca atendieron sus demandas.  

“En el 2015 lo denuncié, me reuní 3 veces con anterior fiscal y no pasó nada. Qué bueno que el actual fiscal ahora sí actúe!!”, publicó Espinosa.  

Entre los inmuebles allanados por la Fiscalía estaba una oficina donde funcionaba la sede de Avanza.

 

Reacciones. Javier Pincay, concejal de Portoviejo y vicepresidente nacional del partido Avanza, dijo que la investigación se debe realizar a todas las autoridades de la “década ganada”.

“Desde prefecto, alcalde, concejales, para que se pueda hacer una verdadera auditoría de dónde están los recursos que tanto se pregonan en el país”, refirió.

Pincay agregó que estarán pendientes de lo que suceda con el líder de Avanza, quien reveló que ya ha enfrentado dos procesos con la Fiscalía, de los que ha salido sin problemas.

El edil, quien es miembro de este partido político desde el 2013, dijo no conocer mucho la historia de Ramiro G., pero como militante y vicepresidente del partido está expectante de que se cumpla lo que dice la ley.

Agregó que nada está comprobado por el supuesto enriquecimiento ilícito del que se acusa al líder del partido Avanza. 

Por su parte, el analista Roosevelt Cedeño señala que la corrupción no es un tema de efecto sino de causa. 

“La causa está en la institucionalidad que nació con la Constitución de Montecristi, ahí está la génesis del problema”, acotó.

Dijo que fue la Constitución a través del instrumento denominado quinto poder, “con el nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo por el cual se designó a las autoridades de control del manejo de los recursos del Estado, lo que generó en la práctica un sistema concentrado a la luz, a la voluntad y al tenor del caudillo autoritario de turno”.

Ese modelo institucional concentrador termina en un estado de corrupción generalizada, que no es un tema aislado, puntual de algún ministro o subsecretario que le falló al país o a su función, es un sistema institucionalizado, recalcó Cedeño. 

 

Más investigaciones. En otros temas, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, aseguró ayer que no aceptará condicionamientos por parte del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, quien ha solicitado acogerse a un acuerdo de “colaborador eficaz”.

Baca, a su llegada a la Fiscalía, donde Pareja Yannuzzelli iba a prestar ayer de nuevo testimonio, afirmó que su deseo sería que suscriba el acuerdo “lo más pronto posible”, pero que deberá hacerlo “bajo las condiciones de Fiscalía”.

“Si eso se llega a hacer, permitirá empezar prontamente también a procesar la información que el señor tiene (en su poder). Pero les insisto, nosotros no podremos admitir condicionamientos de ninguna naturaleza”, aseguró.

El abogado de Pareja Yannuzzelli, Reinaldo Zambrano, manifestó que si en dos semanas no se firma cooperación eficaz, él comprenderá que no se dará entendimiento.

El exministro, que se entregó la semana pasada a la justicia ecuatoriana, se acogió al derecho al silencio.

Por otra parte, Pablo Celi, contralor subrogante, anunció que ha dispuesto siete nuevos exámenes especiales a Odebrecht, tomando en cuenta que es un tema de interés público. 

Según indicaron varios medios de comunicación,  Celi mencionó que ha determinado que se realicen siete nuevos exámenes imprevistos por la inquietud y el ambiente nacional que vive el país. 

“En ese sentido, los siete nuevos exámenes tienen que ver con las operaciones de Odebrecht en el país”, mencionó.

Los procesos de operación del Poliducto Pascuales-Cuenca formarán parte de los exámenes que se realizarán; además de la ejecución del acueducto La Esperanza, indicó Celi.