Cabe recalcar que en varias ocasiones se lo invitó a la sede de El Diario, sin embargo, por motivos de agenda, no acudió, según su personal de prensa.

 

Hay una campaña sucia como nunca antes contra nosotros.  Nuestra labor como candidatos no solo es ganar elecciones sino adecentar la política, con propuestas responsables y que garanticen los derechos de los ecuatorianos.

 

Mantendremos recursos fiscales y garantizaremos los recursos de la cooperación de una manera organizada. 

No permitiremos que quienes prometen bajar 14 impuestos pongan en riesgo la gratuidad de los servicios de salud y educación, o el proceso de reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas. Durante el primer año de mi Gobierno se concluirá toda la infraestructura necesaria en la zona afectada por el terremoto de abril. Apoyaremos la recuperación sicológica de las personas. Aseguraremos la aplicación de las normas para la construcción sismorresistente. Mejoraremos los programas de reducción de riesgos de desastres y la implementación de sistemas de alerta temprana.

 

Los plazos de las contribuciones solidarias previstos en la Ley en su gran mayoría han finalizado. Mantendremos los incentivos que constan en la Ley de Solidaridad y fomentaremos las inversiones para la reconstrucción, a través de crédito con períodos de gracia adecuados y más incentivos tributarios para invertir en las zonas afectadas.

 

Todos los proyectos para el desarrollo de Manabí son nuestra prioridad.  Aquellos necesarios para su reconstrucción física y económica y además los proyectos culturales y patrimoniales que fortalecerán la identidad y la autoestima de los manabitas.

 

Este proceso de 10 años deja al país con estabilidad política y una economía en recuperación gracias a las inversiones a largo plazo y a las medidas tomadas estos últimos dos años, con reservas financieras para sostener la dolarización, con una banca regulada para garantizar los ahorros de los ecuatorianos y con un nivel de endeudamiento que se mantiene en un margen controlado. 

 

Valoramos el trabajo de nuestros campesinos y pescadores. Así surgió la Minga Nacional Agropecuaria, para atender a más de 200 mil familias campesinas y mejorar sus condiciones de vida. Incluye una línea de crédito de 150 millones de dólares al 2 % anual y a plazos acordes a sus ciclos productivos, además asistencia técnica y renovación de maquinaria. Con la Minga Agropecuaria, crearemos más de 50 mil empleos en el sector e incrementaremos 3 mil millones de dólares a nuestras exportaciones.

También ampliaremos la cobertura de educación, salud y vivienda y aumentaremos de 63 a 100 dólares la jubilación de seguro campesino.

 

Para nuestros jóvenes implementaremos el programa Impulso Joven en el que los 241 millones del anticipo al Impuesto a la Renta se convertirán en 200 mil nuevos empleos y ofreceremos crédito para emprendimientos de los jóvenes de hasta 15 mil dólares.

ED. ¿Qué programas sociales del Gobierno espera revisar?

Ampliaremos la cobertura en los servicios de salud con calidad y calidez. Si bien ahora contamos con una infraestructura renovada, nos concentraremos en fortalecer la prevención a través del Programa Médico del Barrio.

Ejecutaremos la “Misión Ternura”, un programa destinado a garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas y brindar la atención a las madres embarazadas, tamizaje neonatal, estimulación para el desarrollo cognitivo, nutrición adecuada y ambiente sano y libre de violencia para los más pequeños, para así erradicar la desnutrición infantil. 

Ejecutaremos un ambicioso programa de vivienda para las personas que más lo necesitan a través de la Misión “Casa para Todos” con la construcción de 325 mil viviendas y acceso a agua segura y saneamiento.

 

Las leyes son obras humanas y por eso son perfectibles. Vamos a evaluar los resultados de su aplicación, dialogar con todos quienes deseen entregarnos sus aportes y decidiremos con nuestro bloque de asambleístas la pertinencia de realizar reformas a esta y otras leyes.

 

Más importante que cobrar una multa es tomar conciencia sobre la responsabilidad de los medios de comunicación sobre los contenidos que transmiten no violenten los derechos de los ciudadanos.