Esperamos que en la segunda vuelta electoral habrá tiempo para que los finalistas definan posiciones claras sobre tópicos pendientes, como por ejemplo lo que piensan sobre la actual Ley de Tierras y su reglamento, recientemente promulgados, si acaso será el marco legal suficiente como para proyectar un futuro de bienestar de toda la nación, en que se requerirán fuertes inversiones de capital nacional y extranjero, que incorpore tecnología y obras de infraestructura a nivel de fincas, que provoquen el necesario crecimiento de la productividad de los campos y ganaderías. En nuestro parecer, esos instrumentos de política agraria son imprecisos, no garantizan seguridad y facilitan acciones represivas de funcionarios públicos, a cuyo arbitrio sugestivo queda la aplicación de normas de intervención estatal a las tierras cultivadas o no.

Sería importante saber cuál es la posición de los contendientes respecto del apoyo a la investigación agraria, muy venida a menos durante la década de papel, pues estos últimos años, lo agrícola y pecuario se quedó solo en planes, folletos y presentaciones artísticas computarizadas, sin que realmente se haya dado apoyo financiero a un campo del saber que no debe recibir menos del 1 % del PIB agrario. Se requiere una definición si la experimentación agrícola será sólo privada o se fortalecerá a las instituciones estales que se dedican a ella. Los mismos comentarios son válidos para rescatar un ministerio que existe sólo en nombre, sin que haya tenido la relevancia que le corresponde como la cartera de Estado de mayor influencia, a cuyo cargo debe estar la transferencia de tecnología.

Se demandan propuestas concretas para superar la mayor debilidad del sector, que radica en los fallidos planes de comercialización, que no pudieron asegurar a los productores el justo precio por sus cosechas. Estos son sólo unos pocos tópicos agrarios que merecen planteamientos de los candidatos en la segunda vuelta electoral.