El argumento del Observatorio es que este proceso incumple varias disposiciones de la Ley de Comunicación.

Uno de los elementos en los que se basa el Observatorio,  según un comunicado de prensa, es que “la legislación del Ecuador reconoce tres clases de medios de comunicación: a) públicos, b) privados y c) comunitarios; cada uno con distintas definiciones y particularidades”.

Además, menciona que la Constitución garantiza el acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias y la aplicación de métodos transparentes de asignación de ellas.