La existencia de esos casos, que salieron a la luz durante este fin de semana, no solamente que ha generado críticas hacia los organismos estatales encargados del sufragio y de los datos de los ciudadanos, sino que también ha levantado suspicacias en torno a la transparencia del proceso electoral.

Es tarde para pensar en posibles rectificaciones para las próximas elecciones, pero es necesario que se tome en cuenta los errores presentados para establecer mejoras en el futuro.

Las autoridades han señalado que la normativa indica que los ciudadanos son quienes deben declarar y solicitar la inscripción de la defunción de una persona. ¿Será que en esos casos no se lo hizo? Y si los parientes de los fallecidos cumplieron con tal requisito, ¿podría ser que no se los actualizó en el Registro Civil?

Está de más señalar responsabilidades. Errores como estos no deberían existir cuando se cuenta con un sistema informatizado que actualiza los datos constantemente, y cuando la inscripción de la defunción de las personas es obligatoria para su sepelio.