Por fuera, paredes recién construidas, por dentro la sencillez que permite un sueldo básico. La casa no debía ser así. A esta alturas tendría que estar mejor. 

Hace dos años, cuando Fausto era dueño de un auto, un taxi y un camión, los planes para la vivienda eran prometedores. Actualmente ya no tiene los carros. Fausto los cedió para pagar una indemnización por un accidente de tránsito. 

Pero la vivienda  sigue allí. Es lo único que es suyo, o así parece. Es que la casa está hipotecada. El banco le prestó 60 mil dólares. El dinero también fue utilizado para pagar la  indemnización del mismo accidente que lo dejó sin carros. 

En ese suceso murieron dos personas y a Fausto le cambió la vida.   

En los últimos dos años (2015 y 2016), 609 accidentes de tránsito ocurridos  en Manabí han dejado 91 muertos, según datos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). La Fiscalía señala que estos casos se resuelven en los juzgados y a través de acuerdos extrajudiciales. 

En ambas formas los familiares de las víctimas reciben indemnizaciones reparatorias. Es decir, un pago realizado por el causante del accidente, que generalmente va desde los 15 a 60 mil dólares. La cifra es muy variable. 

Hasta llegar al pago, abogados y autoridades judiciales dicen que todo inicia con una escena que cada vez es más común en los  accidentes con fallecidos: ocurre el suceso, el chofer huye del lugar, luego de unos días los abogados se contactan  con los familiares y al final llegan a un acuerdo para evitar que el conductor vaya a la cárcel. 

En los días posteriores al accidente, Fausto pasó por  todo ese proceso. No quería ir a prisión. Acababa de matar a dos personas con su vehículo y lo más seguro es que lo metieran a la cárcel. Entonces decidió huir. Se escondió durante cuatro semanas en la zona rural de Manabí. Y solo regresó cuando todo estaba más calmado. Eso sí, lo perdió todo: carro, dinero y su casa aún sigue hipotecada. 

“Nadie sale a la calle a matar a la gente atropellándola. Pero ese día me pasó y toda mi vida dio la vuelta como de un clic, de un momento a otro”, expresa. 

Antes del accidente Fausto llevaba una vida económicamente estable. Tenía un camión que usaba en la transportación de  materiales para su taller de aluminio, un taxi que le generaba otro ingreso económico y un auto que era utilizado por su familia. 

Todo eso lo perdió en menos de una semana. El camión y el auto fueron  vendidos para cancelar los gastos mortuorios y pagos de manutención a la familia de los fallecidos. El taxi  también lo entregó como parte de pago. A más de esto hipotecó su casa por 60 mil dólares, para indemnizar a la familia con 45 mil dólares y el resto del dinero fue a dar al bolsillo de sus abogados. Un mes después del accidente Fausto quedó sin nada. “A la familia de los muertos le habían dicho que  yo tenía bastante plata, por eso me pidieron 60 mil dólares. Nadie que trabaje en su propio negocio tiene ese dinero”, indica. 

Por esos días, cuando estaba en pleno proceso judicial, en su cabeza rondaban varias preguntas: ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Aceptaría yo que me pagaran por la muerte de un familiar? ¿Qué hubiera hecho con todo ese dinero?

Hasta ahora no le encuentra respuesta a esas interrogantes. Siente que lo que piense de aquello no sería sincero. Él está de un lado de la historia. 

Es el que atropelló a dos personas, pero  su vida también se derrumbó. 

Tres meses después del accidente Fausto volvió a conducir un carro. Esta vez no era el suyo. No estaba nervioso. Dice que en ese entonces ya estaba más tranquilo. Eso sí, por esos momentos cuando toma un volante se pregunta qué será de la familia de las personas que atropelló. Cómo estarán luego de  aquel suceso. “Será que algún día me perdonarán”, expresa.  

Huida y negociación. La tendencia está allí. En Manta, el 90 por ciento de los conductores escapan luego de los accidentes de tránsito. Ocurrió en las 34 muertes registradas en el 2016.  Solo tres choferes se quedaron en el lugar de los hechos, informó la Fiscalía. 

Jofre Mera es testigo de aquello y asegura que sucede con frecuencia, aunque considera que no debería ser así. Él trabaja en el SIAT. “Haciendo los análisis de ley se demuestra que en la situación de atropellos generalmente la culpa es del peatón. Por lo menos en ocho de cada diez casos. Ellos no están utilizando pasos elevados, no respetan semáforos o no usan el paso cebra y otras señales de tránsito”, indica.

Pero mientras los choferes están escondidos, quienes negocian con  los familiares son los abogados.  

Mauro Palma ha llevado varios casos en los que se busca una indemnización por muertes en accidentes de tránsito. Él indica que el monto depende de la edad de la víctima. No es lo mismo un joven que un adulto mayor. “Si tiene por ejemplo 35 años, se hace un cálculo del tiempo en que iba a estar laboralmente activo, es decir, hasta los 60 o 65 años de edad. De allí resulta una cifra de cuánto iba a percibir por sueldos, entonces se negocia con el causante del accidente”, indica.   

Si el fallecido es un adulto mayor el monto es más bajo, porque generalmente, no suelen estar económicamente activos.  

Los datos de la Agencia Nacional de Tránsito  demuestran que cada muerte le cuesta al país USD 240 mil aproximadamente. 

En ese monto se incluyen los gastos derivados del siniestro y una estimación económica de lo que dejaría de aportar al Ecuador, en cuanto a su productividad, según una publicación de la revista Líderes. 

En la publicación se indica que el deceso de una persona joven (20 a 30 años ) ocasiona la pérdida de un agente productivo para la economía durante los próximos 30 años. 

“Si hablamos de que un ciudadano recibe un sueldo básico de 375 dólares al mes. Al año serían 4.500 dólares  que deja de recibir la familia”. Por ejemplo, en un caso que Palma manejó, logró un pago de 30 mil dólares para la familia de una persona fallecida. “El muchacho tenía 30 años, era sostén de familia y dejó a varías personas sin ingresos”, explica.

Mauro Palma indica que cuando se llegan a estos acuerdos extrajudiciales se firma un acta transaccional, donde queda establecida la reparación a la familia y se procede a pedir la suspensión de la pena. 

A estos montos se suman los cinco mil dólares que cancela el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat).

El pago no libera de culpa. Paco Delgado es uno de los fiscales de Manta que ha llevado varias de estas causas.  Él comenta que los acuerdos extrajudiciales ocurren en la mayoría de los casos, pero el pago a las familias no detiene la investigación de la Fiscalía que actúa por  oficio. 

“Hay que aclarar que mucho más allá del acuerdo que logre la familia, extinguir o no la causa queda a disposición del juez”, señala. 

Delgado explica que muchas veces los choferes escapan y la culpa no es de ellos, sino del peatón. Cuando esto sucede la causa es archivada. “Algunos de los transeúntes cruzan la calle por donde no deben.  Aunque hay que dejar claro que la tendencia de atropellamientos es 70 por ciento culpa de los choferes y un 30 por ciento de peatones”, explica.   

La madre vendió todo. La voz que está al otro lado del celular es de una madre desesperada. 

El año pasado su hijo atropelló a una persona y esta murió. Ella ya vendió un carro y realizó un préstamo bancario para pagar la indemnización. Son 18 mil dólares. “Es una situación muy fuerte, demasiado grande”, dice. 

Ella comenta que no ha sido fácil para ninguna de las dos familias. “Ellos pierden a un ser querido y nosotros perdemos todo. Hasta una máquina de coser la he vendido”, señala .  

La mujer dice que la familia sabe que todo fue un accidente, pero está consciente de que hay responsabilidad legal que asumir. 

“Yo solo quiero que esto pase para que la vida de mi  familia se normalice, no importa si nos quedamos sin nada, pero no quiero que mi hijo vaya a la cárcel”.