Carmen Marín Aguilar, de 72 años, también debe pagar una multa de 19.800 euros (unos 20 mil dólares) al encontrarla culpable de los delitos de maltrato a animal doméstico y falsificación de documentos.

En tanto, Felipe Barco Gómez, un empleado de 55 años del refugio Parque Animal en Torremolinos, Málaga, donde funcionaba la asociación sin fines de lucro que se presentaba como un espacio para cuidar animales abandonados, recibió una pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros (3.792 dólares) por ser cómplice.

Carmen Marín Aguilar inyectaba productos para realizar eutanasias, sin utilizar sedantes, a gatos y perros, incluyendo “tanto ejemplares adultos sanos de cualquier raza (…) como camadas de cachorros o hembras preñadas”, según la sentencia.

Barco Gómez sujetaba a los animales en el proceso.

Marín Aguilar usaba una dosis de los medicamentos inferior a la recomendada, lo que, sumado a que la inyección se aplicaba en músculos y no por vía intravenosa, “provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía,”, según la sentencia.

Los fiscales habían acusado a las dos personas de matar a unos 2.183 animales entre enero de 2009 y octubre de 2010, cuando una inspección del refugio sacó a la luz las muertes, agregó el medio.