"¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales", es la pregunta que estará en la papeleta, siendo "SÍ" y "NO" las opciones de respuesta.

Además, se incluirá esta disposición: "Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución".

El mandatario, en su decreto, también solicitó la notificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional para los fines pertinentes, y al Ministerio de Finanzas para que destine los recursos necesarios para esta actividad.