La impugnación, dice, se respalda en los derechos de participación ciudadana que han sido desconocidos en este proceso. También por el incumplimiento de la ley de Incentivos a la Asociación Pública-Privada para la calificación del proyecto antes de su licitación. La omisión de la obligación de consultar a la Comisión del Puerto de Transferencia nulitaría el proceso, entre otros, dijeron Lucía Fernández y Pablo Cornejo, miembros del comité.