Estos fueron: que ninguno de los principales solicitantes intervenga como candidato en las próximas elecciones; y que si luego de 60 días que dure el nuevo plazo no hay mejor oferta, paguen el lucro cesante de los dos meses que se habrían perdido.

Aquella posición del mandatario nos parece indelicada e inconstitucional, pues nada puede estar por sobre la voluntad ciudadana de pretender lo mejor para su lugar natal; y es un atentado contra los derechos de esa ciudadanía condicionarla a eximirse de ejercer uno de sus vitales atribuciones como es la de elegir y ser elegido, mucho más allá de las prohibiciones establecidas en las leyes. Por lo tanto, el pedido es descabellado y pudiera malinterpretarse como chantaje.

Si el presidente pretende mirar el pedido cívico como estrategia política de los peticionarios, entonces debe prohibir que su vicepresidente, y más posibles candidatos afines a su partido, intervengan en inauguración de obras y más actividades gubernamentales.

Y en cuanto al cobro de lucro cesante, debería el gobierno hacérselo a sí mismo, por los fracasos de las anteriores convocatorias.

Manta, entonces, tendrá la modalidad de puerto que se le imponga.