Leandro Briones, quien fue uno de los casi 20 ciudadanos que tomaron la palabra, cuestionó que no se ha hecho público el documento íntegro respecto del diagnóstico del terremoto y su plan de reconstrucción. 

Irina Bowen, exdirigente de los profesionales manabitas, criticó que “no hay excusa para que la autoridad no venga a decir cómo se ha gastado la plata”.

Mauro Guillem, de la organización Democracia Sí, pidió que desde Manabí se haga un pronunciamiento contundente. “No podemos estar rogando que nos den información”, cuestionó.

El excandidato a alcalde de Portoviejo, Ignacio Navia, trasladó el cuestionamiento a los asambleístas manabitas de los que recalcó que deben cumplir su tarea de fiscalización y pidió sean declarados personas no gratas.

Manifiesto. Como estas una veintena de personas, representantes de diversos sectores, participaron en la asamblea que prepara un manifiesto.

Marcelo Farfán, presidente de la Junta Cívica, señaló que el documento será trabajado el próximo miércoles. Cuestionó que el Comité de Reconstrucción no haga pública la información de sus acciones y que pese a que las han solicitado no han tenido respuesta. El pasado 15 de junio la Junta Cívica pidió información como el respaldo del diagnóstico de los efectos del terremoto; una copia del Plan de Reconstrucción; y que se indique la página web dónde consultar los trabajos realizados en la emergencia.

Críticas. También desde el sector Legislativo se han realizado cuestionamientos pidiendo información sobre el uso de los recursos de la reconstrucción.

Ayer el asambleísta Gozoso Andrade, del partido Avanza, se pronunció recalcando que el informe previsto del Comité de Reconstrucción ante el legislativo debe ser público.

Agregó que ha pedido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, que se le proporcione los documentos oficiales sobre la transferencia de los 120 millones de dólares que salieron de la subcuenta de la Ley de Solidaridad a la cuenta única del Tesoro.

“No sabemos qué se esconde, deben transparentar los recursos y hacerlos públicos”, dijo. 

Por su parte, el asambleísta Ramiro Aguilar indicó que lo que el Gobierno “no sabe cómo explicar son los 120 millones de dólares”.

Aguilar cuestionó que hayan pasado los tres meses y que el informe no haya llegado a la Asamblea Nacional como lo establece la Ley de Solidaridad.

“No quieren decir qué es lo que pasa”, aseguró.

Informes. Ayer se trató de buscar la versión de Carlos Bernal, secretario del Comité de Reconstrucción, pero se informó que se encontraba junto al vicepresidente Jorge Glas en un evento de entregas de viviendas en Pedernales.

Días atrás el funcionario explicó que luego de que se presente el primer informe al Legislativo se hará público. Anteriormente Glas realizó un evento donde informó de las acciones hasta los 100 días del terremoto.

Algunas entidades publican en sus páginas web información respecto de la reconstrucción: el Ministerio de Finanzas difunde los movimientos de ingresos y egresos de la subcuenta de la Ley de Solidaridad, lo mismo el Servicio de Rentas Internas respecto de su recaudación; el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  (Miduvi) también emite un informe actualizado respecto del número y tipo de bono aprobado por cada cantón y provincia.

Renuncia una veedora de los recursos usados en la emergencia