Garzón indicó que el proyecto, que inició a debatirse de forma definitiva hace 20 días, busca precautelar los derechos de los usuarios, regular el funcionamiento de las empresas que brindan medicina prepagada.

Indicó que con el proyecto, el afiliado que tenga alguna inconformidad por incumplimiento, de carácter administrativo o financiero de una compañía,  debe acudir a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros,  ente sancionador. “Pero, en el caso que el reclamo  tenga que ver con salud, será la autoridad sanitaria nacional que emita un criterio”.  

Señaló que las sanciones son de cumplimiento inmediato y podía llegar hasta la liquidación de la empresa.

La Ley prohibirá a las empresas a negar a firmar el contrato al ciudadano porque este tenga preexistencia o por que cumpla 65 años.  “Hemos establecido que exista un periodo de carencia de 60 días para maternidad y en caso de que si el usuario sufra una enfermedad catastrófica  no se le incrementará el costo de la tarifa”, puntualizó el asambleísta.

Garzón indicó que en el país hay 900 mil personas que se acogen a un seguro voluntario.