Días atrás, el ministro de Educación Augusto Espinosa señaló que el aseguramiento de toda la infraestructura educativa supondría un perjuicio para el Estado en términos netos, según diario El Universo. 

Ante las críticas por la falta de aseguramiento de la infraestructura escolar, Espinosa ha argumentado que la Constitución exige que se manejen los recursos de manera sostenible y responsable y que eso está por encima de cualquier acuerdo de la Contraloría. 

Este órgano señaló que la inobservancia a los procedimientos de administración de bienes públicos expedidos por Contraloría o la Asamblea Nacional dará lugar a sanciones administrativas, de multa o la destitución de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Además, el contralor Carlos Pólit remarcó que la normativa no ha sido impugnada por ningún actor político o social; y, de ninguna manera contradice la norma constitucional.