Éstas le pertenecen a 55 compañías que están a cargo del proceso y hasta el momento el MTOP ha cancelado 11 millones de dólares por los trabajos.

Según manifestó Guillem, están cumpliendo con la Ley de Solidaridad, que indica: “los nuevos empleadores contraten de manera prioritaria a personal de las zonas afectadas, en por lo menos el 75% de mano de obra no calificada ...”.

Comentó que en Manabí se cuenta con maquinaria suficiente para estos trabajos.

“Existe maquinaria matriculada fuera de aquí, pero todo el personal operativo es manabita”, recalcó. 

Explicó que también hay maquinarias que no hay en la provincia para aquellas edificaciones “que deben demolerse con tratamiento quirúrgico”, dijo.

Contradicción. Luis Miranda, presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo, indicó que de los 2.592 afiliados en la ciudad, sólo 5 contratistas están a cargo de los procesos de reconstrucción en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dijo desconocer si los socios están laborando en los otros ministerios. 

Desempleo. Santiago Vera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, comentó que lo establecido en la Ley de Solidaridad no se está cumpliendo. Pone un ejemplo de las viviendas prefabricadas 

que planea entregar el Gobierno. 

“La política del Gobierno es acelerar los procesos a su mentalidad. Construir esas viviendas significa que no va a haber el trabajo mayoritario para los manabitas  porque las hacen las grandes empresas que traen hechas las casas y la mano de obra manabita sólo sería en el montaje, eso significa el 10% del costo de la vivienda”, detalló.

En cuanto a la reconstrucción vial, manifestó que también la hacen las grandes empresas. Detalló que allí sólo figuran nombres de manabitas como contratistas, pero no tienen la mano de obra total de la provincia. Estima que de los 2.300 agremiados en el colegio, solo el 5% de los profesionales trabaja en la reconstrucción.