Se pide que a más de esta opción, que aparece como única, contemple otras, como el entregar el efectivo para que el mismo damnificado construya, ya sea con sus manos o con un contratista de su confianza. 

Si el Miduvi es el único constructor para reparaciones de 4.000 dólares, el dinero será usado con menos eficiencia por los requisitos que un ente del Estado debe cumplir para trabajar. 

Así, un damnificado que sea constructor, verá entrar a su casa a un colega extraño, que, por simple lógica de ahorros, podrá hacer menos obra que si el mismo dueño recibiera el dinero.

Es que está confirmado que la plata en manos de la gente rinde más que en manos de la burocracia y contratistas públicos. Y si llegase a haber corrupción, entonces el bono en lugar de rendir 4.000 dólares en obra, rendirá mucho menos. Por supuesto, en cualquier opción hay que contemplar la debida fiscalización para el correcto uso de los recursos. Se pide a los funcionarios del gobierno que para la reconstrucción piensen descentralizadamente, algo que debe costar en los regímenes estatistas, donde se cree que el Estado debe encargarse de todo.