La organización defensora de la libertad de prensa hizo público hoy un informe elaborado por varios de sus miembros tras una estancia de varios días en Venezuela a finales de mayo y durante la cual se entrevistaron con periodistas, empresarios de los medios de comunicación, activistas de derechos humanos y analistas políticos. La conclusión de RSF es que la Justicia venezolana no ha establecido la participación de la cadena televisiva en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, que era una condición alegada para justificar el cierre. Asimismo, critica que se haya procedido al embargo de los equipos con los que contaba la emisora, lo que "no sólo priva a RCTV de su salida por las ondas hertzianas sino que además podría comprometer su emisión por cable", que es la alternativa con la que cuenta tras el cierre. RSF cree que el Gobierno venezolano ha incumplido la Convención Interamericana de Derechos Humanos "respecto a la protección del personal y el material de RCTV" y concluye que Chávez "ha decidido unilateralmente el cierre" de la cadena. Por eso Reporteros sin Fronteras llevará el caso a la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas, cuya próxima sesión tendrá lugar en Ginebra entre el 11 y el 18 de junio. También lo trasladará al Consejo de Europa y a la Comisión Interamericana de DDHH y en caso de que ésta acepte el recurso el Gobierno de Venezuela estará obligado a cooperar y a acudir a las audiencias cuando sea convocado.