A la Corte Constitucional acudieron Enrique Pita, Francisco Alarcón y Pablo Arosemena, presidentes de la Cámara de la Construcción, Industrias y Comercio de Guayaquil, respectivamente, para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Impuesto del 2 x 1000 con el que se grava al capital de las empresas guayaquileñas y que consta en la nueva Ley de Alianza Público-Privada.