Los cinco sentenciados deberán ser conducidos a un centro penitenciario para cumplir la sentencia. El litigio judicial inició el 16 noviembre de 2010, se procesó a 13 personas, de las cuales 5 fueron encontradas culpables del delito tipificado y sancionado por el artículo 346 del COIP (paralización de un servicio público), a 4 se les ratificó el estado de inocencia, 2 fueron indultadas por el

Presidente.