En algunos casos la Policía coloca una cinta de color amarillo que dice ‘no pasar’ o ‘peligro’, con el objetivo de que los elementos que han quedado tras el delito puedan ser afectados por los presentes.  

Protocolo. Mario Cerda, jefe provincial de la Policía Judicial de Manabí, señaló que especialmente cuando se trata de accidentes de tránsito o de otro tipo de delito que se produzca en cualquier parte de la jurisdicción, la colaboración de ciudadanos es valiosa, pues la protección de la escena del crimen es clave dentro de un proceso de investigación. Su manejo asegura una adecuada investigación técnica o por el contrario puede afectarla. El funcionario expresó que en la escena del delito quedan los elementos de convicción que dan inicio a una investigación y que por eso es elemental preservar y conservar el lugar intacto hasta que lleguen los equipos técnicos y las unidades de investigación que son las que levantan, fijan, etiquetan y trasladan esos indicios hacia la bodega de la Policía Judicial de Portoviejo o hacia el Centro Forense de Manta.

Cerda dijo que eso permitirá dar el inicio a un proceso de investigación para establecer los posibles autores, cómplices y encubridores de un delito.

El jefe policial indicó que cuando existe la contaminación de la escena del crimen o del delito es obvio que la policía dentro de los primeros inicios de la investigación no cuenta con las pruebas suficientes para poder procesar a los presuntos responsables. 

“Cuando se acordona el área, el ciudadano tiene que limitarse en no ingresar a la escena para no contaminarla”, expresó. 

Por las evidencias. En Manabí son muchos los casos que han podido ser resueltos gracias al protocolo que los agentes han seguido al momento de levantar indicios. Uno de estos hechos fue el crimen de dos hermanos ocurrido en el cantón Junín.

Las evidencias que se encontraron al momento de que los agentes llegaron, como por ejemplo que la puerta no estaba forzada, la posición de los cuerpos, entre otros, permitió sentenciar a la autora, informó en su momento la institución.

En agosto del 2012, seis agentes de la Policía fueron condenados en Manta, luego de que la prueba de ADN realizada a los restos de sangre encontrada en el patrullero, coincidiera con la de dos jóvenes que aparecieron muertos en las canteras de Picoazá.  

El artículo del Código Orgánico Integral Penal establece sanciones a “la persona o la o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”.