Se pide a la clase política, incluyendo al Presidente de la República, a los asambleístas y a la oposición; a la dirigencia empresarial y a la comunidad en general, un plan para enfrentar la crisis y reducir el doloroso efecto que puede traer a la familia ecuatoriana.

Un plan que tenga como principales objetivos la conservación de los empleos y el mantenimiento del dólar como moneda oficial.

Las bases del plan pueden estar en la reducción del gasto público y en estímulos que eviten despidos masivos. 

Sobre lo primero ya se ha discutido y el gobierno anuncia un plan en marcha. 

Para lo segundo conviene una flexibilización laboral que, por ejemplo, permita la reducción temporal de salarios como una medida alterna a los despidos.

Igualmente, que contenga estímulos tributarios para la generación de empleos, que vuelva a la producción nacional más competitiva.

Para un plan consensuado en un país tan diverso se requiere de madurez política y que cada sector esté dispuesto a ceder posiciones políticas y económicas.