Por ejemplo, si recibimos en el Ecuador una llamada intimidatoria o amenazante mientras volamos o viajamos por tierra, es de sentido común que el delito no lo comete su celular ni el de la persona que lo llama a usted, ni tenemos todavía juez para los celulares.

Eso significa que su denuncia la debe hacer ante su fiscal competente, como dice el Art. 76.3 de la Constitución, que no es otro que el de su domicilio o jurisdicción, proceso que vigilará su también juez competente.

Porque así está organizada la estructura, la jurisdicción y competencia de los sujetos que intervienen en la administración de justicia en este hermoso país, que es un Estado constitucional de derechos y justicia como lo dice el Art. 1 de la Constitución.

Pero puede sucederle que algún fiscal con competencias interplanetarias, “para ayudar”, viole la Constitución, actúe sin competencia y lleve también a engaño al juez de otra jurisdicción, con funestas consecuencias.

La jurisdicción y la competencia, según el Art.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, nacen de la Constitución y la ley. 

Disponiendo esa misma norma que solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.

También le puede suceder al ciudadano celularizado, que a algún fiscal, con complejo de Gestapo, se le ocurra invadir su intimidad que contiene su celular, y sin permiso de su juez competente lo intervenga, contrariando también lo que ordena el Art. 66.19.21 de la Constitución y el Art.470 del Código Orgánico Integral Penal.

Con ello trayéndole graves perjuicios, que, obviamente, ese funcionario deberá responder por la reparación integral de los daños.

El teléfono celular hoy es parte de la vida ciudadana, es álbum, es discomóvil, es su confidente, es su archivo, es cómplice de cupido; y lo puede poner bajo su almohada, aunque sus emisiones electromagnéticas interfieran con las ondas de su cerebro y le produzcan daño cerebral, allí estará. Pero hasta que no haya jueces para celulares, debemos respetar las normas existentes, pues el respeto al derecho es la paz.