Edwin Jarrín, Tania Pauker, Doris Gallardo, Tito Astudillo, Luis Burbano, Yolanda González y Juan Peña son los nuevos consejeros. González y Jarrín fueron electos como presidenta y vicepresidenta, respectivamente.

La oposición salió del pleno de la Asamblea cuando se iban a posesionar los consejeros.

Luis Fernando Torres (PSC) dijo no estar dispuesto a solemnizar un acto de un organismo integrado fundamentalmente por militantes del partido de gobierno.

“Sus integrantes son todos militantes del partido oficialista, reverentes a los designios del poder de turno”, manifestó Torres.

González confirmó que estuvo afiliada al movimiento, pero aseguró que se desafilió para concursar. 

Jarrín, quien fue parte de la agrupación insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC), admitió que en los últimos años ha trabajado para el Ejecutivo, pero aseguró que su trabajo en el CPCCS será independiente y lo demostrará cumpliendo la Ley y la Constitución.

Luego de la posesión se realizó una nueva sesión que trajo más polémica.

María José Carrión, del bloque de gobierno, presentó un proyecto de resolución que regula la difusión de videos, documentos y discursos de los asambleístas durante los debates en el Pleno.

Carrión cuestionó a la oposición por usar las redes sociales a las que calificó de “trincheras golpistas” y pidió aplicar la Ley de Comunicación para la asambleísta Cynthia Viteri.

Ante esto, Viteri tildó de impostores e hipócritas a los legisladores de Alianza PAIS.

“¡Impostores! Acaban, señores, de posesionar al Consejo de Participación Ciudadana, el organismo más importante del país, uno de sus miembros es esposo de la asambleísta Buendía, la otra esposa del asambleísta Viteri Gualinga, otro fue de la Senplades, del MIES y de Carondelet”, dijo Viteri. 

El legislador de oposición Ramiro Aguilar hizo notar que la sesión de ayer estuvo “cargada de una agresión verbal impresionante” y pidió a los gobiernistas explicar qué es lo que desean.

Finalmente se aprobó la resolución que obliga a los asambleístas a presentar información veraz y respetar el honor de las personas.

En el documento se indica que si bien el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los asambleístas no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea, no les exime de la responsabilidad administrativa que conllevan sus actos.