Actualizado hace: 1 hora 54 minutos
QUITO
Cruce de palabras en debate de ley

El pleno de la Asamblea Nacional se acogió a la objeción parcial del Ejecutivo y aprobó la Ley de Régimen Especial para Galápagos con 88 votos.

Miércoles 10 Junio 2015 | 02:00

 
Durante el debate de la normativa realizado ayer, las asambleístas de PAIS Marcela Aguiñaga y Fanny Uribe de Avanza protagonizaron un cruce de palabras.
“Yo no tengo hermanos que han traficado visas ilegales. Ahora se vienen a hacer los salvadores de Galápagos. También fue funcionaria pública Marcela Aguiñaga, y ganaba el doble, porque yo en ese tiempo fui diputada y gané la Comisión de Fiscalización.. que responda dónde estaba cuando fue abogada y defendió a esos barcos que entraron ilegalmente a la reserva marina”, señaló Uribe.
Aguiñaga dijo de Uribe que “en su momento fue una protagonista de la época pepinera de Galápagos” y que su familia es dueña de ferreterías en la isla. 
Mientras que del asambleísta y exafiliado de PAIS, Ángel Vilema, la vicepresidenta de la Asamblea también habló.
“No le vamos a permitir a aquel que tuvo la agenda del operador turístico, aquella que ha tenido la agenda del hotelero... no le vamos a permitir que se declare defensor de los habitantes de Galápagos, eso no se los vamos a permitir”, dijo Aguiñaga.
“Me da una pena y una lástima que una autoridad de tan alto nivel se exprese así de un excompañero, un excompañero que a la final estuvo luchando por este proyecto político, quién no sabe que usted es la tendencia de derecha en el movimiento PAIS, quién no sabe”, indicó Vilema a Aguiñaga.
 
la ley. La Comisión de Gobiernos Autónomos sugirió al pleno allanarse a las 18 observaciones formuladas por el presidente de la República, Rafael Correa. Una de las principales, que las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado de Galápagos se 
paguen con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental. Esta disposición se aplicará a todos los trabajadores públicos y privados que ingresen a trabajar en la provincia de Galápagos a partir de la expedición de esta ley.
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