Él es colombiano y llegó a Manta desplazado por la guerrilla de su país y para vivir con su familia formó una red de prestamistas, junto a tres compatriotas.

Sus principales clientes eran los pequeños y medianos comerciantes ubicados en distintos puntos de la ciudad.

“Era un negocio redondo”, indicó Milton. De lunes a viernes visitaba a sus clientes, a quienes les prestaba dinero a un interés del 20 por ciento. De la cantidad prestada dependían los intereses que recibiría y para registrar los pagos usaba una cartilla numerada.

Con el tiempo llegó a tener un capital flotante de 10 mil dólares, lo que le permitía vivir de forma cómoda y hasta podía enviarle a sus familiares en Colombia.

La ley. El negocio, que se había convertido en familiar, se derrumbó con la aprobación del Código Integral Penal (COIP) el 10 de agosto del 2014. Es que el artículo 309 sanciona la usura con una pena de entre cinco y siete años de cárcel, pero si las perjudicadas son más de cinco personas la pena es de 7 a 10 años.

La mayoría de los clientes de Milton se acogieron a este artículo y amenazaron con denunciarlo. 

Esto le costó la mayor parte del capital y con el tiempo se quedó en la ruina. Trabajar para él se volvió en una misión imposible y las comodidades se fueron acabando de a poco.

Perdió a su familia y actualmente es un desempleado, según explica.