Álvarez mostró así su preocupación luego de que el Gobierno anunciara que se estudia cambiar ese valor o quitarlo. Actualmente el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social establece que el pago de pensiones está financiado el 40% por el Estado y el 60% por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Hay cambios porque es una carga económica importante para el país, pero está garantizado en la ley. Actualmente se nos cubre el coste total de los tratamientos”, aseguró Álvarez.

Ayer, por segunda vez en la semana, el presidente Rafael Correa insistió en que el Estado no pagará el 40% para las pensiones jubilares al IESS. 

Para el mandatario entregar ese porcentaje “no tiene sentido”, porque según él, el IESS tiene superávit. 

Correa insistió en que no le dará ni 20 centavos más al IESS, al referirse a la Ley de la Seguridad Social emitida en el 2001, en la que se dispone que la atención de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas de los afiliados no deben ser cubiertas por el Seguro, sino por el Estado.

Por ello el presidente dijo que emitió en enero pasado un decreto para que “si quieren que les atendamos, paguemos las jubilaciones y atenciones y enfermedades catastróficas, se lo realice en nuestros centros de salud”.

Leonel Muñoz, director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo que esperan directrices nacionales respecto de la aplicación de las nuevas políticas institucionales. Sin embargo, ratificó que la atención para las personas con enfermedades catastróficas está garantizada.

“Con esta medida probablemente habrá otra movilización para que se respete el 40%. Si lo disminuye habrá una rebelión de las canas, tal como lo hubo en el 2004, en la que murieron 18 jubilados. Como no podemos hacer manifestaciones ni cerrar calles, tal vez recurramos a una huelga de hambre”, dijo Álvarez.

Marcelo Jijón, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, indicó en días pasados que hasta ahora hay alrededor de 300 personas que han decidido participar en una huelga de hambre en Guayaquil y el dirigente cree que se podría llegar a 2.000. Sólo están a la espera de conocer cómo va a quedar el cuerpo legal.

ABOGADO. El abogado Roosevelt Cedeño señaló que la medida que toma el Gobierno “transgrede la Constitución en su artículo 37 (nº 3) en lo referente a la atención de adultos mayores”.

“Incurre en crear un Estado de vulnerabilidad económica para los jubilados. Es un derecho fundamental y se desobliga de las funciones”, explicó el abogado.

Además indicó que el decreto “es abiertamente inconstitucional a futuro y presente, el cual está vinculado directamente al problema fiscal del Gobierno. Esto responde al déficit que tiene el país en ‘caja chica’, no hubo previsión de ahorro, el gobierno no quiso tener reservas”, explicó.