Jaramillo argumenta que desde 1996 solicitó permiso para trabajar y desde allí paga una pensión mensual al cabildo. 

Aseguró que las utilidades de las ventas que realiza las destina a su medicina y alimentación.

Hipólito Mirabá está igual de preocupado. Explicó que el martes llegaron funcionarios municipales hasta los 50 locales informales que hay en el lugar y anunciaron que tenían 48 horas para desalojar. Agregó que sólo les exigen salir, pero no les brindan una alternativa para seguir laborando.

Dueños de las vitrinas y mesas de ventas de todo tipos de productos  cuestionaron la forma como han sido informados y que no les han dado plazo para aplicar un “plan B” o buscar otro sitio para trabajar.

Plan. José Flores, director de Comisarías y Policía Municipal y ahora encargado de la administración de la terminal, dijo que los comerciantes deberán salir porque están ocupando el pasillo y afectan la libre movilidad de los pasajeros. Agregó que el plan llega a los comedores que ponen mesas y sillas y también ocupan más de la mitad de los pasillos. 

Según Flores, esos locales eran para venta de comidas rápida, por lo que deberán volver a esa función. “Allí podrán vender colas, batidos, panes de almidón, cosas que no requieran que las personas se sienten”, dijo.

La medida se extiende a los puestos pequeños de frutas y dulces que están en las naves donde llegan los buses. Para ellos se construyeron 21 quioscos pequeños, los cuales dijo los comerciantes los toman como bodegas. Agregó que la idea es construirles una protección para que no les afecte el sol.

Flores agregó que en la terminal se proyecta realizar una inversión de 394.000 dólares para darle una mejor funcionalidad y servicios a los pasajeros; es decir, se instalarán salas de espera climatizadas, asientos y más comodidades, que en el lugar no existen y los pasajeros antes de abordar su bus deben estar parados e incómodos.