En esos días ya se discutía la urgente necesidad de contratar un estudio capaz de  determinar los mecanismos legales y de reingeniería de personal adecuados para reducir la abultada burocracia. El martes 15 de enero del 2008, la misma administración de ese entonces detalla ante El Diario, que se destinan 8 millones para cancelar sueldos y salarios de 836 personas.

Esta dinámica burocrática continuó en la administración cesada recientemente. Así, comparando las cifras del año 2010, encontramos que el 59 % del presupuesto anual estaba comprometido a la cancelación de sueldos; en el 2011 el 57 % y en el 2012 54 %. La proforma presupuestaria del 2013 no fue una excepción, en ella se destinó más de 16 millones a cancelar sueldos de 1.086 servidores y servidoras y una inversión en obras por debajo de los $ 4 millones.

Resulta evidente que el desempeño de las administraciones anteriores no contempló una salida administrativa y política eficientes, que permitiera erradicar la burocratización institucional; la taladrada reingeniería nunca llegó, más bien de período en período se ahondó la crisis y con ello se postergaron los anhelos y demandas legítimas de obras y servicios de las familias portovejenses. Que son muchas más que los 550 servidores públicos que se proyectan salir como parte de la reingeniería que se está llevando a cabo con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo.  

Estos hechos descritos, por una parte evocan la angustia ciudadana de haber sido víctimas de años de deficiencia institucional y burocratismo, donde la prioridad fue mantener la burocracia; y, en oposición, constituye motivo de esperanza, el que el actual alcalde, Agustín Casanova,  ponga en marcha sus palabras, con responsabilidad y en cumplimiento de sus ofertas de campaña, pues la nueva institucionalidad del Estado exige de los GAD estándares de eficiencia, calidad y calidez.