Guillermo Abad, presidente de la organización, aseguró que estas proyecciones superan a las estadísticas que se registraron el año anterior, en que hubo 13 muertos y 142 heridos por día.

“Estas cifras ratifican la alta tasa de siniestralidad que tiene nuestro país. Estos datos son del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que tiene estadísticas reales”, dijo Abad.

En cuanto a cifras, dijo, el sistema que aplican las autoridades en el país “no es que no sirvan” sino que “están caducos”.  “Esto nos lleva a tener registros de altísimas proporciones”, señaló.

Las soluciones para reducir esto, señaló Abad, están a la vista y se utilizan a nivel mundial y “lamentablemente no las aplicamos”.

“Las soluciones si bien están en la ley y deben ser cumplidas porque así se exige”, indicó el presidente de Justicia Vial, que destacó el ordenamiento a el transporte público y privado, revisar las frecuencias y rutas y también la implementación de la caja común.

“Se debe crear un Plan Nacional de Seguridad Vial, y con esto se logrará cambiar el chip a las operadoras de transporte, y terminar la relación vehículo-socio”, indicó Abad.

LO QUE DEBERÍA APLICARSE. Abad recordó también que en otros países donde la tasa de siniestros es muy baja desde la escuela se imparte la materia de educación vial, algo que en el país no se hace.

“Es una materia que debería darse desde la infancia y hasta instrucción secundaria porque la mayoría de accidentes se dan por la falta de una buena educación vial”, aseguró.

Y en este tema, la Asamblea Nacional también se centró, pues en las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se agregó lo mencionado por Abad.

Según el proyecto, es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural. 

Añade que para que se cumpla esta disposición, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, desarrollará los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial. Esto se deberá aplicar  considerando la realidad lingüística de la comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas.

Este proyecto deberá ser aprobado por el Ejecutivo o realizar su veto parcial o completo de las reformas.