El magistrado dictó medidas sustitutivas como la obligatoriedad de presentarse cada 15 días ante el juez competente y la prohibición de salir de su territorio y del país, según la Fiscalía. 

El Juez también ordenó emitir las boletas de libertad para  los cinco ciudadanos procesados en esta causa y que se encuentran detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Orellana.

En su intervención, el fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, explicó que durante las investigaciones la Fiscalía no ha violado los derechos constitucionales y que se aplicó justicia de acuerdo con los principios de interculturalidad. También, expuso que se realizaron peritajes antropológicos, sociológicos y de interpretación cultural de acuerdo con las recomendaciones dadas por James Amaya, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

En el ataque a las familias en aislamiento voluntario del Parque Nacional Yasuní, en Orellana, habrían muerto varias personas. Ocurrió el 30 de marzo del 2013.