Las informaciones que proporciona el gobierno de sus actividades, a través de sus entidades correspondientes, no satisfacen la inquietud de la ciudadanía, de esa población con pleno derecho a saber qué es lo que pasa en la totalidad de sus instituciones públicas, cuya existencia depende precisamente de la contribución de la misma ciudadanía. Pareciera que las leyes se están creando, estableciendo y modificando para obligar a las entidades denominadas particulares a entregar toda información privada al gobierno. Incluyéndose en esto a los clubes de servicio, agrupaciones barriales, etc., en franca ofensa a los derechos constitucionales de libre asociación y privacidad cuando no cuentan con asignaciones oficiales.