Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a dieciocho meses de cárcel y Figueroa a seis por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

Los condenados lo acusaron ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron los condenados, les otorgó medidas cautelares y reclamó al Estado ecuatoriano la suspensión de la ejecución de la condena, pero el Gobierno argumentó que el organismo no tiene competencia para hacer esta exigencia.

La comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza decidió proteger a los imputados en virtud de las medidas de la CIDH, aunque en mayo sus dirigentes aseguraron que los condenados ya no se encontraban en la zona.

El abogado de Figueroa, Milton Castillo, dijo que el detenido fue trasladado a una Unidad de Flagrancia y de allí a la cárcel número 4, ubicada en el norte de Quito, publicó el diario público El Telégrafo en su edición digital.